En una época atravesada por el miedo al contagio, tener un familiar recluido en una cárcel colombiana conlleva algunos grados más de angustia e indignación. Las acciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, la principal autoridad penitenciaria del país, vulneran los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. 

 

Néstor y su familia sufrieron un impacto adicional: el traslado de su hija, Alejandra, a una cárcel en otra ciudad. Esta decisión hizo más difícil la comunicación entre ellos, justo en un momento en el que ese contacto es fundamental para la salud mental de las personas internas y sus familias.